El desafío de frenar el éxodo rural es una meta fundamental que ha sido establecida por los principales estamentos políticos de la nación. Esto se aplica al Gobierno de España e igualmente a los autónomos buscando soluciones atractivas para los ciudadanos. El fin es erradicar la migración masiva hacia las metrópolis y evitar el despoblamiento de los pueblos en la España olvidada, los más golpeados por este fenómeno de despoblación.
Una de las recientes medidas para combatir este problema ha emergido en Cataluña, bajo la influencia del Estatuto de Municipios Rurales de Cataluña, un documento emitido por la Generalitat con el propósito de luchar contra la despoblación en áreas rurales.
Los municipios a los que hacemos referencia son aquellos con menos de 2000 residentes, donde actualmente vive el 13% de la población catalana. Estas cifras señalan claramente que la mayoría opta por residir en las urbes, justificando la implementación de medidas que puedan invertir esta tendencia. El problema reside en que, a menor número de habitantes, menor disponibilidad de servicios públicos.
¿Cuál es la ayuda propuesta para repoblar los municipios deshabitados de Cataluña?
Lo que se ha presentado hasta ahora es un borrador de ley que aún no ha sido aprobado. En él se plantea ofrecer deducciones en el IRPF de entre 750 y 1000 euros para aquellos que decidan establecerse en un municipio rural, así como reducciones de hasta el 20% para aquellos que adquieran, renten o rehabiliten una vivienda. Adicionalmente, se contempla la creación de una bolsa de vivienda rural.
Esta medida, adicionalmente, es probable que favorezca la disminución de la carga burocrática en los ayuntamientos y una reducción del 4% en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Se planea aumentar las ayudas del Fondo de Cooperación Local y se establecerá una línea específica de inversiones para municipios rurales. Próximamente se especificarán los incentivos disponibles para aquellos que decidan trasladar su actividad profesional a una zona rural.
En resumen, la nueva norma establecerá:
– Deducciones de hasta 750 euros por registrar residencia en un municipio de menos de 2.000 habitantes
– Deducciones de hasta 1.000 euros por registrar residencia en un municipio de menos de 500 habitantes
– Deducciones de hasta 1.500 euros para familias de un solo progenitor que se registren en un municipio de menos de 2.000 habitantes
– Deducciones de hasta el 20% para aquellos que inviertan en una propiedad en dicho municipio.
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