Análisis de la Política Habitacional en Zaragoza: El Impacto de la Gestión del PP
Recientemente, el grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha hecho un seguimiento crítico de la política de vivienda implementada por el Partido Popular (PP) bajo la dirección de Natalia Chueca. Según ZeC, dicha política ha favorecido a los negocios y la especulación en detrimento del bienestar de la población. De acuerdo al análisis de ZeC, la gestión del suelo público, que comenzó el año pasado, revela que sus principales objetivos son obtener dinero para proyectos como la Operación Romareda y facilitar el acceso de los constructores a terrenos de alta rentabilidad.
La Crisis Habitacional en Zaragoza
El concejal Suso Domínguez, en conferencia de prensa junto al urbanista Teófilo Martín, destacó la grave crisis habitacional que enfrenta la ciudad. Explicaron que, a pesar de los costos de alquiler que han alcanzado cifras récord, el gobierno actual parece centrado en beneficiar a constructores y grandes propietarios de inmuebles en lugar de atender las necesidades básicas de vivienda.
Domínguez hizo hincapié en que el PP planea la venta de suelo municipal por valor de 67 millones de euros en los próximos años. De los ingresos proyectados de 20,34 millones de euros por ventas este año, únicamente 4,4 millones están destinados a vivienda protegida, mientras que el resto se destinará a vivienda libre, incluyendo chalets en áreas exclusivas como Montecanal.
Inversiones y Presupuestos Insuficientes
Durante la rueda de prensa, se reveló que la venta de suelo no ha tenido un impacto tangible en el aumento del presupuesto dedicado a vivienda. El presupuesto correspondiente a Zaragoza Vivienda ha crecido apenas 4 millones respecto al año anterior, lo cual resulta insuficiente dado que más de 10.000 personas esperan por un hogar en la ciudad.
El edil de ZeC afirmó que, en gobiernos anteriores del PP, no se ha realizado la construcción de vivienda social. Además, el programa "Alegra tu Vivienda", que fomentaba la captación de casas vacías, ha sido debilitado. En el presupuesto de 2025 no se prevén medidas para aumentar el parque de viviendas sociales, lo que agrava la situación.
Oportunidades Perdidas y Propuestas de Mejora
Domínguez subrayó que el gobierno de Chueca no ha aprovechado la opción de incorporar viviendas de protección oficial al parque municipal. Desde 2019, cerca de 150 de estas propiedades podrían haberse integrado al inventario público. Según ZeC, si se hubieran incluido todas las viviendas de protección oficial construidas, Zaragoza podría haber contado con uno de los mayores parques de vivienda pública en Europa.
A su vez, el gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, está considerando reducir el período durante el cual estas propiedades pueden tener un precio máximo de venta y arrendamiento a solo 10 años, lo que incrementaría la especulación.
La Cuestión del Alquiler Asequible
La reciente licitación para la construcción de viviendas de alquiler asequible ha generado controversia. Dirigida a familias con ingresos de hasta 5.000 euros, el reparto ha sido criticado por favorecer a un único promotor. Además, la selección de inquilinos y la gestión de estos arrendamientos dependen de empresas privadas, lo que plantea interrogantes sobre la protección de los inquilinos.
ZeC ha manifestado su preocupación por la falta de un control riguroso sobre la administración de estos alquileres asequibles. La creación de una comisión de seguimiento, prometida para garantizar la transparencia del contrato, aún no se ha materializado.
Conclusiones y Alternativas Viables
Zaragoza en Común propone un cambio en el enfoque hacia la vivienda, sugiriendo medidas efectivas como la creación de un censo de viviendas vacías, gravámenes para inmuebles desocupados, y un control más estricto sobre los precios del alquiler. El objetivo es priorizar el derecho a la vivienda en lugar de tratarlo como un bien de inversión.
Además, el grupo ha anunciado que presentará un paquete de enmiendas para aumentar inversión en vivienda, a fin de construir un mayor número de propiedades de alquiler social y recuperar programas de captación de viviendas vacías.
En su análisis, Domínguez critica que el actual gobierno, al vender suelo público, no solo desatiende la necesidad de aumentar el parque de vivienda accesible, sino que también repite errores del pasado al facilitar el enriquecimiento de empresas que persiguen el lucro a expensas de los derechos de los ciudadanos.
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