Izquierda Unida y Zaragoza en Común proponen medidas para la vivienda
En una reciente comparecencia de prensa, Álvaro Sanz y Suso Domíguez, representantes de Izquierda Unida y Zaragoza en Común, dieron a conocer un conjunto de propuestas dirigidas a mejorar las políticas de vivienda del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza. Estas medidas, que se incluirán en la próxima ley de vivienda, tienen como objetivo asegurar un acceso más equitativo y económico a la vivienda en la región.
Con la intención de que estas propuestas sean consideradas, se presentará una moción en el pleno del Ayuntamiento el próximo 27 de febrero. Durante la sesión, se llevará a cabo un debate sobre el proyecto de ley de vivienda del Gobierno de Azcón, el cual, según Sanz, podría resultar perjudicial al favorecer los intereses del mercado y los promotores en lugar de proteger el derecho constitucional a una vivienda digna.
La importancia de las Viviendas de Protección Oficial
Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) han sido fundamentales para garantizar el acceso a viviendas asequibles. Las regulaciones que impiden aumentos de precios durante el periodo de protección son cruciales para respaldar a las familias de ingresos bajos y medios. Esto previene que inversores busquen adquirir viviendas con fines especulativos y asegura la función social de estas propiedades, ayudando a controlar el aumento de precios en el mercado inmobiliario.
En Aragón, hay registradas 29,492 viviendas de protección oficial. Sin embargo, la situación es alarmante: el año pasado se retiraron del catálogo 3,316 VPO, muchas de las cuales están ubicadas en Zaragoza. Esto representa un retroceso en el acceso a viviendas asequibles y evidencias de una caída dramática en el parque de VPO disponible.
Propuestas para robustecer la legislación sobre vivienda
Izquierda Unida y Zaragoza en Común sugieren que los grupos parlamentarios establezcan la permanencia de la calificación de Vivienda Protegida para las nuevas construcciones. Esta medida busca evitar que las viviendas de protección se descentralicen y se liberen del régimen de protección antes de tiempo.
Suso Domíguez apunta que el actual convenio con el Ayuntamiento para la construcción de viviendas asequibles no garantiza la estabilidad de los precios de alquiler durante los 75 años de cesión, lo que podría perjudicar a los jóvenes y familias en busca de alojamiento.
Falta de acción ante la emergencia habitacional
La gestión de accesos y alquileres de estas viviendas se ha encomendado a entidades privadas, como Brial, lo que plantea preocupaciones respecto a la calidad y seguridad de los inquilinos. Ambos representantes subrayan que el Gobierno de Aragón no está ejerciendo su derecho a tanteo y retracto sobre las VPO, según la Ley de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida.
Desde 2019, más de 160 viviendas en Zaragoza podrían haberse adquirido a precios de VPO, lo que habría permitido ampliar significativamente el parque público. Esta inacción es vista como una oportunidad perdida para mejorar la situación habitacional.
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