Desalojo en Zaragoza: La realidad de una familia en riesgo
Este jueves, en Zaragoza, podría ocurrir el desalojo de una familia que reside en una vivienda social situada en la calle Pedro Saputo, en el barrio del Actur. Este proceso legal se lleva a cabo si el Juzgado de Primera Instancia número 4 no lo suspende. La situación de desalojo se origina por impagos, sin embargo, el propietario es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, responsable de gestionar los pisos destinados a familias en situación vulnerable.
La familia en cuestión, compuesta por un matrimonio y sus cuatro hijos, ha residido en esa vivienda desde 2004. A lo largo de los años, han tenido períodos de cumplimiento con el pago del alquiler, pero en la última década han enfrentado dificultades que han llevado a impagos frecuentes. Desde enero de 2022, Zaragoza Vivienda presentó una demanda por una deuda que comenzó en 13,125 euros y que ahora se aproxima a los 20,000 euros. El alquiler, que antes alcanzó los 270 euros mensuales, ahora se fija en 143,25 euros.
Colaboración para la resolución de conflictos
Según fuentes municipales, Zaragoza Vivienda trabaja en coordinación con diversas instituciones, incluyendo Servicios Sociales y entidades ciudadanas, para ofrecer apoyo a las familias que reciben ayudas. Se busca medir mentes y adaptar el precio del alquiler a las capacidades económicas de los arrendatarios. En este caso, se ha mantenido un ajuste razonable entre el alquiler y los ingresos de la familia, aunque la deuda acumulada ha llevado a la presentación de la demanda.
El juzgado emitió un fallo en febrero de 2022 que condenó a los arrendatarios por no cumplir con los pagos, estableciendo un lanzamiento para julio del mismo año. Sin embargo, a través de su abogado, lograron suspenderlo. En octubre de 2023, la jueza reconoció la "situación de vulnerabilidad económica" de la familia y suspendió el desalojo durante cuatro meses para que las autoridades competentes buscaran soluciones habitacionales.
Nuevas acciones legales y respuesta institucional
Recientemente, el abogado de la familia ha solicitado nuevamente la paralización del lanzamiento, argumentando que, a pesar de haber transcurrido el plazo, las administraciones no han realizado gestiones efectivas. La situación de la familia se mantiene sin cambios. Además, un informe de una asociación respalda que no cuentan con otras alternativas de vivienda.
Mientras tanto, desde Zaragoza Vivienda aseguran que deben cumplir su función de gestionar bienes públicos y que no pueden ofrecer viviendas de forma gratuita, ya que eso afectaría a otras familias que están cumpliendo con sus obligaciones. Resaltan la importancia de trabajar junto a servicios sociales para mejorar la calidad de vida de estas familias.
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