Nueva Ley de Vivienda en Aragón: Un Cambio Necesario
Este martes, las Cortes de Aragón abordarán la nueva ley de vivienda, la primera de su tipo en las últimas cuatro décadas. Esta legislación iniciará su recorrido parlamentario y podría estar en vigor antes del verano. Su objetivo es regular la vivienda en el contexto actual, estableciendo distintos tipos y modelos de protección que favorecen el acceso a una vivienda digna.
La ley define varios tipos de vivienda: libre, protegida, pública y de emergencia social. De esta manera, se busca abordar las necesidades habitacionales de diferentes sectores de la población, sobre todo los más vulnerables.
Tipos de Vivienda y Requisitos
Uno de los puntos clave de la nueva normativa es la clasificación de viviendas. Las viviendas protegidas deberán ser utilizadas como residencia habitual, prohibiendo su uso como segundas residencias o para actividades comerciales. También se establece que estarán sujetas a ocupación dentro de un plazo de seis meses tras la compra o arrendamiento. Si quedan desocupadas sin justificación, las administraciones locales podrán adquirirlas.
Los planes urbanísticos deberán reservar al menos el 40 por ciento de la edificabilidad residencial para viviendas con algún tipo de protección, a excepción de los municipios más pequeños.
Acceso a Viviendas de Protección Oficial
El acceso a las viviendas de protección oficial está limitado a quienes tengan ingresos que se sitúen entre dos y seis veces y media el Iprem. El precio de estas viviendas se fijará por la DGA y no podrá exceder ciertos umbrales establecidos. En caso de que un propietario desee vender, deberá notificar a las administraciones, que tendrán prioridad para adquirir el inmueble a un precio determinado.
Regímenes de Alquiler y Viviendas de Emergencia
Las viviendas públicas de alquiler estarán destinadas a quienes no puedan acceder al mercado libre. No se podrán vender y deberán ser ocupadas como residencia habitual. Asimismo, se prevé la creación de un registro de viviendas de emergencia dirigidas a personas en situaciones de vulnerabilidad extrema, que podrán ser gestionadas por diversas organizaciones.
El marco normativo incluye también la posibilidad de construir en suelos que, originalmente, estaban destinados a equipamientos sociales y educativos no utilizados. Esto amplía las oportunidades para crear viviendas accesibles.
Presupuesto y Ayudas
La ley contempla una dotación mínima destinada a garantizar su implementación, ascendiendo a unos 35 millones anuales. Se establecerán ayudas para fomentar la viabilidad de proyectos de vivienda protegida y facilitar el acceso a la vivienda.
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