La Herencia de la Pandemia en el Sector Inmobiliario
Cinco años después de la pandemia, sus efectos persisten en la economía española, especialmente en el ámbito de la vivienda. Muchas familias vulnerables enfrentan dificultades, y el mercado de alquiler se encuentra en una situación crítica, caracterizada por una marcada descompensación entre la oferta y la demanda, con precios en aumento. Para mitigar estos problemas, el Gobierno de España implementó una moratoria que suspendió desahucios y lanzamientos, extendida hasta el 31 de diciembre de 2025 tras el decreto ómnibus. Esta medida busca no solo salvaguardar a los inquilinos, sino también proporcionar un marco de compensación para los propietarios afectados.
En la comunidad autónoma de Aragón, la gestión de esta moratoria recae en la consejería de Vivienda, que ha manejado más de 1,2 millones de euros en compensaciones desde 2022. En total, desde la implementación de esta herramienta en 2021, se han recibido 193 solicitudes, con 142 ya aprobadas. El interés ha ido en aumento, con 58 solicitudes registradas en 2023, y una proyección de crecimiento continua en 2025, con 23 solicitudes hasta marzo.
Presupuesto y Futuro
A pesar del aumento en las solicitudes, el presupuesto para compensaciones ha ido disminuyendo en los últimos tres años, pasando de más de 650,000 euros en 2022 a un poco más de 250,000 en 2024. Estos fondos provienen del antiguo Plan de Vivienda 2018-2021 y complementos de ayudas por el covid-19, que totalizan casi 6 millones de euros. De este monto, Aragón aún dispone de 3,34 millones del plan estatal y 2,65 millones de las ayudas por la pandemia.
Los arrendatarios y propietarios deben cumplir requisitos específicos para acceder a estas compensaciones. Los caseros deben ser dueños de una vivienda afectada por la moratoria, estar al corriente de sus obligaciones fiscales y demostrar el perjuicio económico derivado de la suspensión de desahucios. Por otro lado, los inquilinos deben acreditar su situación de vulnerabilidad mediante informes de Servicios Sociales.
Requisitos Específicos para la Compensación
Para los arrendadores, la condición principal es ser propietario de un inmueble afectado por la suspensión de desahucios. También deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales y demostrar el daño económico que la moratoria ha causado. La reciente prórroga del decreto permite que los propietarios soliciten compensaciones hasta el 31 de enero de 2026.
Los inquilinos, por su parte, necesitarán una validación de su situación de vulnerabilidad por parte de los Servicios Sociales, que deberán presentar un informe con medidas adecuadas para abordar su situación. Si la administración no actúa en un plazo de tres meses, se habilita el derecho a las compensaciones correspondientes.
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