Impacto de la Norma de Vivienda Social en Barcelona
En 2018, la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tomó una decisión que cambió el paisaje de la construcción en la ciudad condal. Esta decisión establecía que los desarrolladores inmobiliarios serían obligados a asignar un 30% de sus nuevas construcciones al programa de vivienda social del Ayuntamiento de Barcelona. Esta iniciativa fue presentada por Colau como una solución trascendental para enfrentar el problema de la vivienda en la ciudad, impulsando la declaración de que “el 30% no puede esperar más”.
Expectativas vs Realidad en Materia de Vivienda Social
Tras su anuncio, Colau y su equipo proyectaron que esta medida resultaría en la creación de aproximadamente 300 nuevas viviendas de protección social cada año. Por lo tanto, se esperaba que para el periodo 2019 – 2023, se hubieran agregado alrededor de 1.500 nuevas viviendas al programa de vivienda social.
Sin embargo, las cifras no reflejan estas expectativas optimistas. Como Libre Mercado señaló, los cálculos de Colau parecieron ignorar el impacto negativo que esta norma impuso a los promotores inmobiliarios. Para evitar las restricciones de la nueva normativa, muchas empresas del sector decidieron solicitar licencias de construcción de manera anticipada, es decir, antes de la implementación oficial de la norma.
La Reacción de los Constructores a la Normativa
Una vez que la directriz entró en vigor, la actividad de construcción en la ciudad experimentó un decrecimiento significativo.
En los últimos cinco años, sólo catorce empresarios han iniciado nuevos desarrollos inmobiliarios sujetos a la regla del 30%. De estos catorce edificios, dos han sido finalizados y cinco están aún en construcción. En los demás proyectos, o no se ha colocado piedra alguna o los promotores han decidido abandonar completamente la iniciativa.
Impacto en el Número de Viviendas Sociales Construidas
Los datos no mienten. Según información proporcionada por el Ayuntamiento de Barcelona, sólo se han terminado ocho viviendas sociales durante este periodo. Este número podría aumentar a sesenta y cuatro una vez se finalicen los proyectos en curso. Sin embargo, en comparación con las proyecciones iniciales de Colau, el número de viviendas culminadas representa apenas el 0,5% de lo esperado.
La Evolución Futura de la Norma
La norma que establece la reserva del 30% fue aprobada con los votos a favor del PSC, ERC y dos concejales no adscritos. Sin embargo, el actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reconocido que la norma “no funciona”. Por ende, ha insinuado que la posible reforma de la norma podría implicar que los promotores paguen al consistorio el valor del 30% de las viviendas sociales que deben construir.
En conclusión, las medidas que buscan equilibrar el crecimiento inmobiliario con las necesidades sociales son necesarias y bienvenidas. Sin embargo, el caso de la norma del 30% en Barcelona demuestra que dichas iniciativas deben ser diseñadas cuidadosamente para evitar consecuencias contraproducentes. Un análisis exhaustivo de los posibles resultados y una implementación estratégica pueden contribuir al éxito de futuras políticas similares.
